En Colombia, varias tecnologías están jugando un papel fundamental en la modernización de los servicios legales. Entre ellas, se destacan la automatización de procesos legales, la virtualidad de las audiencias y la interacción remota entre los distintos actores.

La automatización de tareas administrativas y repetitivas está transformando la forma en que las firmas de abogados gestionan sus operaciones diarias. Herramientas tecnológicas permiten automatizar procesos como la preparación de documentos estandarizados, el análisis de grandes volúmenes de información y el seguimiento de plazos judiciales.

En el ámbito penal, la inclusión de estos recursos está revolucionando el manejo de evidencia. Por ejemplo, los programas de gestión documental pueden clasificar y analizar miles de documentos en tiempo récord, identificando patrones relevantes que, de otra manera, requerirían semanas de trabajo manual. Esta eficiencia no solo ahorra tiempo y costos, sino que también mejora la precisión de los análisis, lo que es crucial para casos penales complejos.

Por otro lado, a partir de la pandemia, se aceleró la implementación de medios de apoyo digitales en el sistema judicial colombiano, marcando un punto de inflexión en la forma de operar. Las audiencias virtuales, que inicialmente surgieron como una medida temporal, se han consolidado como una solución eficiente para garantizar la continuidad de los procesos legales.

En el derecho penal, esto ha sido particularmente relevante. Las audiencias no presenciales han permitido reducir significativamente los retrasos procesales, garantizando la celeridad y disminuyendo el aplazamiento de las diligencias por falta de comparecencia de las partes involucradas. De manera específica, en la realización de juicios orales virtuales, estas plataformas han facilitado la participación de intervinientes que, de otra manera, enfrentarían barreras geográficas o económicas para asistir de manera presencial.

La presencialidad de las audiencias ha sido objeto de pronunciamientos recientes. En primer lugar, la Corte Constitucional en la Sentencia C – 134 de 3 de mayo de 2023, tras realizar la evaluación de los proyectos de ley -que se concretaron finalmente en la ley 2430 del 9 de octubre de 2024-, consideró que aquella debía prevalecer sobre la virtualidad en las audiencias de práctica probatoria, específicamente las de juicio oral, para proteger las garantías de las partes, circunstancia que se implementó en el texto final de la ley. Ante el impacto que causó la entrada en vigencia de dicha norma, la Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, en decisión del 16 de octubre de 2024, indicó que la determinación de la realización del juicio oral de manera presencial o virtual dependía de cada caso y de la decisión que adoptara el juez. Concluyó así que la virtualidad en materia penal no era una medida transitoria, sino que, por el contrario, tendía a transformarse en una regla de carácter general y permanente.

El pronunciamiento elevado por la Corte Suprema de Justicia es de vital relevancia, en tanto, de acuerdo con la evidencia empírica al respecto, es claro que reducir la utilización de la tecnología sería un terrible retroceso para la justicia y solo conllevaría a profundizar las dificultades de acceso que han caracterizado nuestra jurisdicción penal y que han generado los grados de impunidad que tanto consternan a la sociedad colombiana.

El acceso remoto no solo beneficia al sistema judicial, sino también a las firmas de abogados y, en especial, a sus clientes. Ahora es posible realizar reuniones, presentar pruebas e incluso llevar a cabo negociaciones legales sin necesidad de desplazamientos. Esto no solo ahorra tiempo y costos, sino que también amplía el alcance de los servicios legales, permitiendo atender de manera más rápida necesidades inmediatas o a personas ubicadas en zonas rurales, de difícil acceso o en otros países.

Para los abogados, las herramientas de videoconferencias y plataformas de gestión remota han facilitado el trabajo colaborativo con otros profesionales, tanto a nivel nacional como internacional. En el ámbito penal, donde la estrategia puede requerir la intervención de expertos forenses o investigadores, estas tecnologías han sido una clave para coordinar equipos multidisciplinarios de manera eficiente.

La transformación tecnológica está teniendo un impacto significativo tanto en los abogados como en sus clientes. Para las firmas, estas herramientas representan una oportunidad de optimizar recursos, mejorar la calidad de sus servicios y ofrecer soluciones más rápidas y efectivas. La automatización y digitalización permiten a las firmas manejar mayores volúmenes de casos sin sacrificar la calidad, lo que es especialmente importante en áreas como el derecho penal, donde los tiempos de respuesta son críticos.

Para los clientes, estas innovaciones se traducen en un acceso más rápido y asequible a servicios legales. La posibilidad de interactuar con sus abogados a través de plataformas en línea, recibir actualizaciones en tiempo real y participar en audiencias virtuales está reduciendo las barreras que tradicionalmente limitaban el acceso a la justicia. Esto es especialmente relevante en un país como Colombia, donde la desigualdad en el acceso a la administración de justicia ha sido un problema histórico.

Retos y desafíos para la adopción tecnológica

A pesar de los avances, la transformación tecnológica enfrenta varios desafíos en el sector legal colombiano. Entre los principales, se destacan:

1. Protección de datos personales y de la información: el tratamiento informático de datos sensibles plantea riesgos importantes en términos de ciberseguridad. Las firmas de abogados deben adoptar medidas robustas para proteger la información de sus clientes y garantizar la confidencialidad de los procesos judiciales. En igual sentido, la judicatura debe estar en capacidad de prevenir con suficiencia la no filtración de las evidencias y conservar la confidencialidad de los elementos probatorios que lo requieran.

2. Costo de implementación: La adquisición y mantenimiento de herramientas tecnológicas avanzadas puede ser costosa, especialmente para firmas pequeñas o medianas, e incluso para la propia rama judicial. Sin embargo, soluciones basadas en software como servicio (SaaS) están haciendo que estos recursos sean más accesibles.

3. Capacitación de los profesionales del derecho: El éxito de estas tecnologías depende de que los abogados y funcionarios judiciales estén capacitados para utilizarlas de manera efectiva. Es esencial invertir en programas de formación que permitan a los profesionales adaptarse a este nuevo entorno.

La utilización de mecanismos, como los programas de inteligencia artificial, no implica el reemplazo de la labor humana. Estos recursos deben entenderse como herramientas de apoyo, destinadas especialmente a facilitar tareas administrativas y de organización de datos. Su objetivo es permitir que el abogado concentre sus esfuerzos en el trabajo analítico y estratégico, optimizando tiempos en actividades necesarias, pero que, precisamente, pueden ser gestionadas mediante soluciones informáticas diseñadas para hacer más eficiente su desempeño profesional.

En conclusión, las nuevas tecnologías están redefiniendo el ejercicio de la abogacía en Colombia, ofreciendo soluciones más eficientes, accesibles y transparentes tanto para los abogados como para los clientes. Aunque los retos son significativos, las oportunidades que estas herramientas ofrecen para modernizar el sistema judicial son inmensas.

La transformación digital no es solo una tendencia, sino una necesidad en un entorno legal que exige adaptarse a las demandas de un mundo interconectado y dinámico. Aquellas firmas y profesionales que incluyan dentro de sus herramientas la inteligencia artificial y la tecnología no solo estarán mejor preparados para enfrentar los desafíos del futuro, sino que también contribuirán a construir un sistema de justicia más ágil, inclusivo y eficiente.

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